El Senado convirtió en ley el proyecto que promueve la conformación de una comisión bicameral que investigue la complicidad económica y financiera civil con la pasada dictadura militar, con el voto del oficialismo y el de los senadores de centroizquierda, como Proyecto Sur y la Coalición Cívica ARI,

Como telón de fondo, la aprobación de la ley tuvo un episodio de la oposición radical-macrista y del peronismo disidente que abandonaron el recinto buscando dejar sin quórum la sesión.

Sin embargo, el proyecto consiguió 39 votos afirmativos y por unanimidad, del oficialista Frente para la Victoria, junto con el senador socialista Rubén Giustiniani, su colega de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas, Jaime Linares (GEN) y la representante de la Coalición Cívica-ARI Magdalena Odarda.

Minutos antes, la oposición radical, macrista y el peronismo disidente se retiró del recinto, cuando el oficialismo se negó a permitir abstenciones, porque se corría el riesgo de que la sesión quedara sin quórum y se impidiera la sanción del proyecto.

El proyecto crea la llamada Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia, con la cual el oficialismo busca al menos detectar las complicidades civiles con la pasada dictadura militar.

Apunta a investigar empresas como Techint, Papel Prensa, Loma negra, Ledesma, Mercedes Benz, Molinos Río de la Plata, el Grupo Bunge y Born, Editorial Atlántida, la transportadora La Voz del Norte la textil Grafa, la Sociedad Rural de Junín, la ceramista Lozadur‑Cattaneo, los astilleros Mestrina y Astarsa y la metalúrgica Bovapi.

También a Celulosa S.A, cuyo actual presidente es José Urtubey, hermano del gobernador de Salta y de uno de los senadores del FpV.

De todos modos, ese bloque, que continuará con mayoría propia, deberá definir ahora si impone la bicameral o prefiere dejar el proyecto en letra muerta.

En el debate el peronista disidente Juan Carlos Romero expresó su rechazo al proyecto, consideró que la bicameral obliga al Congreso a cumplir con "actividad ajena a lo legislativo", y recordó que tanto "el presidente electo (Mauricio Macri)" como "el presidente de la Corte (Ricardo Lorenzetti)" se expresaron en el sentido de que "los derechos humanos son una política de Estado, que deben seguir los juicios, y que los jueces deben tener independencia".

Consideró que la tarea de "investigar la política económica, comercial, financiera e identificar y acusar ante la sociedad actores técnicos que la dictadura tuvo como cómplices" es una tarea ajena al Poder Legislativo y le apuntó al periodista Horacio Verbitsky de ser el promotor de esta iniciativa.

En tanto, el radical Gerardo Morales pidió algunas modificaciones en particular del dictamen de comisión, entre los cuales pidió agregar que se investigue "la complicidad de los sectores gremiales" en la desaparición de personas.

A su vez, la juecista Norma Morandini, quien se fue del recinto junto con macristas y radicales, reclamó "no ponernos en lugar de las justicia porque ahí sí podemos caer en la venganza política. Es la justicia la que tiene que encargarse de estos temas" y le adjudicó también a Verbitsky ser el promotor de la movida.

En tanto, el macrista Diego Santilli sólo pidió la palabra para pedir autorización para que todo el bloque del PRO pudiera abstenerse.

La réplica oficialista fue del rionegrino Miguel Pichetto, quien aseveró que la propuesta "no tiene que ver ningún tipo de libro, con una historia que ande por ahí publicada. Tiene que ver con una política de Estado, tiene que ver con cerrar un círculo de una política iniciada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner" y aclaró: "No vamos a autorizar abstenciones porque nos dejarían sin quórum".